The world against cyberattack

Luego del ciberataque que sufriera la Costa Oeste de EEUU el pasado 21 de octubre donde la empresa Dynamic Network Services Inc DYN fue vulnerada y el servicio de alojamiento web que ofrece a importantes empresas fue afectada con retrasos, colapsos o imposibilidad de acceder a los sites de sus clientes, no pocos gobiernos han iniciado su propia investigación para determinar el origen del ataque y tomar acciones preventivas que disminuyan los riesgos en este sentido.

Y es que a pesar de toda la formación en protocolos de seguridad y la inversión en programas que permiten identificar las amenazas, los gobiernos de manera extraoficial y cada cual por diversos medios, han dejado entrever que en el tema de seguridad cibernética se enfrentan a continuos y repetidos ataques de diversa índole donde la información robada se utiliza con múltiples propósitos, en la mayoría de los casos, con la clara intención de monetizarlos.

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En España por ejemplo, la creada Ley de Infraestructuras Críticas intenta proteger los servicios considerados esenciales para la nación que cada vez más dependen de las tecnologías de la información, tanto para su gestión como para su vinculación con otros sistemas, pero si bien se han establecido claros protocolos frente a agresiones de este tipo, la ausencia de programas de formación de profesionales especializados dificulta estar al día a medida que evolucionan igualmente los delitos cibernéticos.

Estimar las pérdidas es aún más complicado ya que las empresas vulneradas no están obligadas a revelar a cuánto ascienden los daños, en ocasiones es difícil incluso cuantificar los perjuicios que ello les supone, por lo que la admisión puede no solo socavar su imagen corporativa sino incluso su supervivencia financiera.

Según un estudio realizado por la empresa de Seguridad Informática Digiware en América Latina, si bien todos los países, en mayor o menor grado se han visto afectados por los ataques informáticos, Brasil, México y Colombia ocupan las 3 primeras casillas con un monto que asciende a 70.421 millones de dólares durante el periodo agosto 2015- agosto 2016, revelando el impacto que tiene la práctica en la economía y la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes que fomenten la cooperación entre los distintos agentes del sector, tanto privados como públicos para perseguir soluciones de seguridad que protejan a las áreas y servicios más sensibles a irrupciones tecnológicas dentro de nuestros países.

Fuentes
http://bit.ly/2eh9as5
http://bit.ly/2dwvVI8
http://bit.ly/2eHy5Du
http://bit.ly/29mYROS

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